Sigo con el 4F... (Hay algo que no me cuadra...)

(Noticias de El Mundo)

(4.02.2006)BARCELONA.- Un agente de la Guardia Urbana de Barcelona ha resultado herido muy grave y tres más sufrieron lesiones sobre las 6.00 horas por los altercados en una fiesta 'okupa' que se celebraba en un inmueble del casco antiguo de Barcelona, y por la que se detuvo a nueve personas.

El agente J.S.D., de 39 años, está en la UCI del Hospital Clínic con traumatismo craneoencefálico y fractura de la base del cráneo. Entre los detenidos por la Guardia Urbana está su presunto agresor.
El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el alcalde de Barcelona, Joan Clos, acudieron al hospital para visitar a los familiares, tras inaugurar en Barcelona la exposición sobre los documentos del Archivo General de la Guerra Civil retornados a Catalunya.
Las agresiones tuvieron lugar sobre las 6.00 horas en el número 55 de la calle de Sant Pere més Baix, a la salida de una de las fiestas de fin de semana que se celebran en esta casa 'okupada' y que provocan quejas de vecinos.
La Guardia Urbana decidió precintar a las 22 horas las salas donde se preveía que iba a haber una de estas fiestas ilegales. Pero el precinto no fue respetado y, sobre las 6 horas, una treintena de personas a quienes los propios 'okupas' no dejaron entrar atacaron el furgón de la Guardia Urbana que estaba en las inmediaciones para prevenir conflictos nocturnos en la calle.
Según informó la Guardia Urbana, el edificio conocido como 'Anarko Peña Cultural' fue 'okupado' hace más de cuatro años y era de propiedad privada hasta noviembre, cuando fue expropiado y pasó a ser propiedad municipal con el objetivo de instalar equipamientos de barrio, como una guardería, escuela de adultos, tienda de comercio justo y espacio para jóvenes.
Esta actuación se incluye en los proyectos de la Ley de barrios para revitalizar la zona de Santa Caterina y Sant Pere.
El Ayuntamiento notificó la orden de desalojo de la finca el lunes 30 de enero a los 'okupas', que la desobedecieron, por lo que la orden pasó el mismo día a los Servicios Jurídicos municipales para seguir la tramitación por la vía judicial.

(7.01.2008)BARCELONA.- El fiscal pide en el juicio que se inicia el próximo lunes en la Audiencia de Barcelona un total de 33 años de cárcel para los tres acusados de agredir a pedradas a un agente de la Guardia Urbana que controlaba una fiesta okupa, que debido a las lesiones sufridas ha quedado en estado vegetativo.

En concreto, el fiscal pide once años de cárcel para cada uno de los tres principales acusados, Rodrigo Andrés L.H., Alex C.A. y Juan Daniel P.G., por los delitos de atentado a la autoridad y lesiones, así como una indemnización de 120.000 euros para la esposa del agente y 100.000 euros para cada uno de sus cuatro hijos.
El proceso judicial se inicia casi dos años después de los hechos, ocurridos la madrugada del 3 de febrero de 2006 y en éste también se juzga a otros seis jóvenes, por agresiones a otros tres agentes que resultaron heridos leves.
Los hechos sucedieron en la calle Sant Pere Mes Baix de Barcelona, donde se celebraba de madrugada una fiesta en la casa okupada situada en los bajos del número 55, que se vio desbordada por lo que muchos jóvenes se quedaron sin poder entrar y tuvieron que permanecer en la calle.
Precisamente, según la fiscalía, al no poder entrar en la fiesta algunos jóvenes la tomaron con una patrulla de la Guardia Urbana que se había personado en la zona para evitar que la fiesta provocara molestias a los vecinos, como había ocurrido en anteriores ocasiones.
Según la fiscalía, después de que los agentes les dijeran a los jóvenes que si no podían entrar a la fiesta no era por su culpa, éstos abandonaron el lugar y volvieron al cabo de pocos minutos, armados con palos, botellas y piedras y dirigiéndose a los agentes con una actitud agresiva.
Fue entonces cuando Rodrigo Andrés L.H., de nacionalidad chilena y que ahora tiene 21 años, supuestamente lanzó una piedra que impactó en la cabeza del agente J.S.D., que sufrió una pérdida de sentido y cayó de espaldas al suelo, sufriendo al caer un violento golpe en la cabeza.
Inmediatamente, Alex C.A., también de nacionalidad chilena y que ahora tiene 25 años, lanzó presuntamente una nueva piedra que también alcanzó al agente, cuando éste se encontraba tumbado en la calzada.
Por su parte, según la fiscalía, Juan Daniel P.G., de nacionalidad argentina no cesó de insultar a los agentes al tiempo que alentaba a sus compañeros a continuar con su agresión.
El agente, que en el momento de los hechos tenía 39 años, estaba casado y era padre de cuatro hijos, ha quedado según los médicos en un estado vegetativo persistente, de forma que dependerá siempre de terceras personas para todas las actividades de la vida diaria y de una silla de ruedas para desplazarse.
El agente está siendo tratado en los últimos meses en el Instituto Guttman de Barcelona, hospital especializado en la rehabilitación integral de personas con lesiones medulares y daños cerebrales.

Observadores para garantizar la imparcialidad del proceso

Los acusados sostienen que fue un tiesto lo que golpeó en la cabeza al agente y denuncian que se limpiara el lugar de los hechos, eliminando así las pruebas que avalan su tesis. Las contradicciones entre el escrito de la Fiscalía y la declaración de sus compatriotas ha llevado al embajador de Chile en España, Olsvalo Puccio, a visitar a los imputados para interesarse por su situación y pedir celeridad en el proceso.
Además, los familiares de los jóvenes han logrado que la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona acuda como observador en el juicio, junto al Observatorio del Derecho Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Otra de las presencias destacadas en la vista será la del senador chileno Jaime Narajo.

(11.01.2008)BARCELONA.- La Audiencia de Barcelona ha albergado una sesión que logró poner en jaque la fiabilidad de varios expertos en medicina legal. Allí estaban citados a declarar seis peritos, con el fin de poder aportar algo de luz sobre qué trayectoria exacta siguió la piedra que impactó en la cabeza del guardia urbano, que quedó en coma mientras vigilaba la calle Sant Pere Més Baix, donde se celebraba una fiesta en una casa «okupa», la madrugada del 4 de febrero de 2006.

La unidad de criterios ha sido nula. Las dos forenses adscritas al juzgado de Barcelona que instruyó la causa han explicado ante una sala de vistas repleta de jóvenes solidarizados con los tres principales acusados –Rodrigo Andrés L.H., Álex C.A. y Juan Daniel P.G., para los que la Fiscalía pide 11 años de cárcel– su versión de los hechos.
Han afirmado que, tras estudiar el caso –no personalmente, sino a partir de los resultados de un TAC–, concluyeron que el agente <«presentaba una contusión en la frente» y «un contragolpe muy importante en la zona temporal occipital izquierda»; esto es, en la zona lateral del cráneo, junto a la oreja. Según su versión, estas heridas son «perfectamente compatibles» con la versión de los hechos que les ofreció la Guardia Urbana, relativa a que el agente recibió el impacto de una piedra en la frente y luego se desplomó hacia atrás, «como un árbol abatido», para finalmente golpear gravemente su cabeza contra el suelo de la calle.
Pero pocos minutos más tarde ha hablado otro perito –solicitado por la defensa de los acusados–, que ha dado una versión diametralmente contraria a la de sus compañeras. Según su estudio, el urbano recibió un «fuerte impacto» en la zona occipital, compatible con una piedra con aristas, que le provocó las fracturas y que le llevó a caer hacia adelante, hiriéndose la frente, por contragolpe. La aparición de versiones tan distintas sobre el mismo hecho llevó a no pocos resoplos irónicos entre los asistentes.
Pero hubo una declaración que enmudeció a la sala: la de una de las forenses, cuando relató cómo se encuentra el agente herido a día de hoy. Definió su estado como «coma vigil» –vegetativo–, que implica que el que la sufre «no tiene consciencia, aunque pueda abrir los ojos o emitir algún sonido». Dijo que el agente «tiene que estar encamado» y que sus previsiones son «nada halagüeñas». Pero lo peor, es que «a la familia le genera mucha angustia porque su situación no se plasma en mejoras».